Periodista Independiente
4 de noviembre del 2010
Cuatro activistas de la Comisión de Atención a Presos Políticos y Familiares (CAPPF) y del Movimiento Independiente Opción Alternativa (MIOA) denuncian ante la opinión pública mundial que en horas de la mañana de esta fecha, y por enésima ocasión fueron obstaculizados arbitrariamente por la policía política secreta gubernamental en el municipio Playa, cuando se disponían a participar en la reunión ordinaria que se efectuaría en la Delegación Municipal del Partido Cuba Independiente y Democrática (CID), donde reside el matrimonio Sergio García Argentel y Leydi Coca Quesada (Delegado y Vice delegada del CID).
Reseñan Miguel Amado Reyes Fonseca (Presidente de la CAPPF), Yunier Larena Ibáñez (activista de la CAPPF y MIOA), Julio César Peña Laballe (activista de la CAPPF) y José Neyra Buzón (activista de la CAPPF) que al llegar a escasos metros del inmueble, se desató el susto policial.
Fue cuando los vigilantes se acercaron rápidamente corriendo y resultaron rodeados por más de un docena de agentes gubernamentales. Los agentes tenían montado un colmado operativo en el área para impedir el desarrollo del evento, atestiguan los afectados.
Larena Ibáñez, Reyes Fonseca, Peña Laballe y Neyra Buzón alegan que les exigieron las respectivas identificaciones personales de cada uno. Anotaron sus datos personales en la agenda policial. Acto seguido fueron informados por los gendarmes que no se realizaría ninguna actividad en el sitiado inmueble. Además les advirtieron que las autoridades no permitirán que se efectúen congregaciones del CID en ningún lugar del país.
Refiere Reyes Fonseca, de que el Oficial Tamayo le espetó que no perdiera más el tiempo en trasladarse desde su domicilio en el municipio Lawton hasta la vivienda de García Argentel y Coca Quesada. Asimismo le manifestó que el Gobierno no permitirá la operatividad en la nación de una organización (CID) liderada por el “traidor y terrorista” Huber Matos.
Los opositores subrayan que los represores se dirigieron hacia ellos en un tono déspota e intransigente, e incluso fueron ofensivos, estilos característicos en su modus operandi contra la población, sentencian las víctimas de estas prácticas violatorias a las normas internacionales sobre derechos humanos.
“El segundo día de cada mes, la Delegación de Playa del CID tiene establecido concretar una reunión ordinaria. Pero el Estado, a través del Departamento de Seguridad del Estado, de la Contrainteligencia, la Policía Nacional Revolucionaria y de la Brigadas de Respuesta Rápida son los instrumentos diabólicos utilizados por el régimen para arruinar el funcionamiento de la delegación que dirigimos”, aducen Sergio García Argentel y Leydi Coca Quesada.
“En este día teníamos previsto como de costumbre, reunirnos de modo pacífico en rotunda condena al Gobierno ilegitimo dominante por la constantes represalias acometidas contra la población opositora y defensora de los derechos y libertades fundamentales, en especial por las indignas y crueles acciones del régimen emprendidas contra Reyna Luisa Tamayo, madre del mártir Orlando Zapata Tamayo; entre otros asuntos de interés para el CID a destacar”, concluyó García Argentel.
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